El Gobierno Mexicano decidió acudir a USA a adquirir 671 pipas para apoyar a la distribución de gasolinas, ignorando que existen normas que obligan en ese tipo de adquisiciones a seguir un protocolo en donde debe darse oportunidad a que puedan ofertar empresas mexicanas en igualdad de circunstancias, no se hizo argumentando una situación de emergencia que nunca de público oficialmente tal determinación jurídica; es por ello que a cualquier empresa mexicana fabricante del ramo, le nace el derecha de impugnar tal compra, reclamando un daño patrimonial por actividad irregular del Estado. Estamos a la orden.
