En los hechos el ejecutivo federal renuncia a hacer valer la ley y su aplicación: no olvidar que el día que tomó posesión como Presidente dijo: “…. protestó respetar y hacer respetar la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen…” no existe ninguna ley que le permita negociar la ley a criterio y omitir su aplicación, eso es violar el estado de derecho. La creencia política e ideológica en este caso, choca con la obligación que debiera cumplir como titular del ejecutivo, este tipo de omisiones ya en el cargo de Presidente de la República, tiene consecuencias legales: los daños que se provocan a los particulares por no mover sus mercancías a tiempo, deben resarcirse por el gobierno federal. El gobierno federal tiene libertad para a su vez demandar legalmente al gobierno de Michoacán por su omisión, si es que efectivamente existe, en el pago justo de las percepciones de los maestros. Es necesario hacer valer el estado de derecho y no acostumbrarnos a criterios políticos, electorales o ideológicos que tanto daño han hecho y siguen haciendo al país.
