Abogados del Presidente: patente de corso en materia fiscal.

    El Presidente de la República: Andrés Manuel López Obrador, en sus exposiciones matutinas cotidianas, el día jueves 23 de abril de 2020 anunció, que llevará a cabo la integración de un equipo de abogados que dependerá y reportará con él directamente, a efecto de representar al Sistema de Administración Tributaria -SAT- en los juicios en los que se estén cobrando créditos fiscales a empresas.

Con base en lo anterior, no solo se estructurará este grupo de abogados con tales objetivos, sino que además, dentro de la encomienda presidencial buscará “obligar” a jueces y magistrados a que no retarden los procesos legales, en los cuales, a decir del presidente, por la corrupción de grandes despachos de fiscalistas, logran que el SAT pierda los juicios o que se retrase interminablemente la resolución de ellos.

De igual forma, la obligación de un buen Gobierno es la de establecer una política fiscal adecuada para fortalecer el gasto público y satisfacer los diversos presupuestos de egresos de los distintos niveles administrativos como parte incluso de los fines extra fiscales de la justicia tributaria en su principio de destino al gasto y su aplicación efectiva y eficazmente en la búsqueda de la rectoría del estado económico.

Lo anterior, traducido en: inversión pública, gasto social, entre otros. Y nos hace reflexionar de ¿Por qué no se recauda lo suficiente en México? ¿Por qué existen contribuyentes que prefieren no cumplir sus obligaciones fiscales y jugar el riesgo legal de un proceso costoso y tardado?; éstas y otras preguntas no son objeto de la presente aportación, pero es suficiente señalar que en países de mayor recaudación, existen componentes psicológicos y civiles, en donde la población, sin distinción de capacidad contributiva, perciben que su esfuerzo de contribuir se traduce en bienestar social: servicios públicos eficaces, calidad en la educación e infraestructura.

Llama la atención que esos abogados del Presidente lleven precisamente la encomienda en su representación, de acudir a tribunales para abogar por la causa del SAT. Imaginemos sólo un momento un representante legal presidencial, ¿qué poder plenipotenciario lleva para presionar a un juzgador para que determine en un sentido o en otro?, ¿será esto posible?, ¿no es a caso esto una violación al principio de imparcialidad que también le aplica a la autoridad presidencial y al propio SAT de conducirse con respeto a estos derechos fundamentales?. Y bueno, ¿no es esto lo más parecido a una patente de corso como la descrita anteriormente?

Resulta por demás lamentable que la decisión presidencial no vaya encaminada a investigar y combatir el tráfico de influencias desarrollado entre despachos de abogados fiscalistas de los que él mismo reconoce su existencia -y los ubica-, que están coludidos con altos mandos de la propia autoridad fiscal, pero peor aún: con gente cercana al Poder Público Federal, que ofrecen el combo de estrategia fiscal: defensa y representación ante tribunales como auténticos cárteles mafiosos; ahí están, cercanos a él y lo sabe, por eso justifica que sólo se reporten esos abogados con  el Presidente, pero no es la mejor estrategia porque -a criterio personal- viola el principio de imparcialidad, equidad procesal, justicia, entre otros.

Presionar al Poder Judicial Federal no hará que toda la corrupción -que el propio Presidente reconoce existe en las aduanas nacionales y el sistema recaudatorio- se termine; comete una ilegalidad, elude combatir de frente el problema, sabe que los tiene cerca, pretende cerrarles el paso en lugar de investigarlos y meterlos a la cárcel. Presionar a jueces y magistrados es una violación al principio de equilibro de poderes: nada justifica que no haga su trabajo correctamente.

Y una tarea pendiente, se ha preguntado el presidente ¿Por qué es tan alta la elusión y evasión fiscal?  ¿Será que a los que contribuyen no les gusta su forma de administrar los recursos públicos? Un dato: en Estados Unidos de Norteamérica las diferencias entre el fisco y los ciudadanos se resuelven con la utilización de los medios alternos de solución de conflictos y nos en tribunales, esto en más del 85% de los casos. Ojalá el SAT tuviese muchas más atribuciones de negociación, así la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente sería un excelente espacio para mediar en estos conflictos, con lo que, con toda seguridad, se recaudaría mucho más de lo que hoy se hace.

Por: Juan Carlos Nuño Godínez

Referencias Bibliográficas

Real Academia Española. (25 de 04 de 2020). Patente de corso. Obtenido de https://dle.rae.es/: https://dle.rae.es/patente#570AL6s

Zoffoli, E. (2010). Jürgen Habermas: entre hechos y normas. Isonomía, (32), 69-90.